Desde el estallido social de 2019, cuando el movimiento social volvió a ocupar un lugar central en la vida pública, se abrió una posibilidad histórica. Sin embargo, ese impulso fue trágicamente ofuscado por la pandemia del COVID-19. Desde entonces y hasta hoy, la Confederación de Estudiantes de Chile ha ido perdiendo fuerza: aparece esporádicamente para movilizarse frente a derechos amenazados o injusticias evidentes; está presente, cumple, pero apenas. Es un hecho evidente —y de conocimiento público— que la CONFECh ya no es lo que fue en 2011. Pero ahí está el meollo del asunto: no tiene por qué serlo. Muchos representantes estudiantiles no han logrado comprender esto. Durante años no existió una urgencia real por repensarse, en parte porque, desde la llegada de Gabriel Boric al gobierno en 2022, se asumió que el país, en particular la educación, avanzaría de manera sustantiva. Esa expectativa, sin embargo, no se cumplió.
La promesa de un cambio estructural al modelo de financiamiento de la educación superior —el FES— sigue inconclusa y todo indica que jamás verá la luz. En los hechos, seguimos en el mismo lugar, aunque ahora con una JUNAEB de 45 mil pesos en vez de los míseros 35 mil de antes. ¿Es suficiente? En lo absoluto. ¿Significa esto que el gobierno de Boric no ha hecho nada? Tampoco. Ha habido avances relevantes en otras áreas, pero en aquello que se esperaba con mayor fuerza —dado su origen y protagonismo en el movimiento estudiantil—, la educación superior, los cambios simplemente no llegaron. Durante este gobierno, además, se vieron amenazados derechos fundamentales. A pesar de las intenciones de interpelar, nadie se atrevió realmente a tensionar al gobierno de izquierda, incluso frente a sus errores. La beca de alimentación estuvo en riesgo y muchos estudiantes quedaron sin ese beneficio. Lo mismo ocurrió con la TNE, una lucha que continúa hasta hoy, especialmente por el nulo avance en metodologías de pago en zonas rurales y regiones y la propia fiscalización de este servicio en estas zonas. ¿Es realmente tan difícil implementar un sistema que permita pagar con la tarjeta BIP o la TNE, garantizando al mismo tiempo un servicio de calidad con condiciones laborales dignas para los choferes? Lo que se observa es una ausencia casi total de regulación y fiscalización: personas bajo efectos nocivos conduciendo, casos de agresiones severos e incluso muertes de estudiantes inocentes. Más de veinte años con el mismo sistema, las mismas micros, sin avances reales. Esto no es atribuible a un gobierno en particular, sino al Estado en su conjunto, que ha sido incapaz de hacerse cargo.
Volviendo al movimiento estudiantil, para quienes hemos tenido el honor de ser representantes, la baja participación no es ninguna sorpresa. En muchos casos, apenas se alcanza el 20% del padrón electoral; a veces, ni siquiera eso. Hemos diagnosticado una profunda desafección, una desconexión entre la representación y las bases. Parte de esto se explica por un prejuicio —no del todo infundado—: la idea de que la representación estudiantil es solo una catapulta política, un medio para engrosar el currículum, hacer contactos o aparecer en la tele.
Ese prejuicio, sin embargo, no refleja toda la realidad. Muchos ejercemos esta labor desde un compromiso honesto con una mejor educación y con la construcción de una sociedad más justa. Trabajamos en silencio, sin reconocimiento, compatibilizando la representación con las exigencias académicas. Existe también un prejuicio hacia el movimiento estudiantil en su conjunto, y en particular hacia la CONFECh: la percepción de que solo convoca marchas, paros y escándalos. Para quienes conocen más de cerca su funcionamiento, se suma otro problema: la instrumentalización de la Confederación, que muchas veces parece operar como una extensión de los principales partidos de izquierda, más que como una expresión autónoma del estudiantado. Pero quizás el problema va más allá de las aulas y de las propias instituciones. Tal vez lo que enfrentamos se deba en gran medida a la profunda decepción de la sociedad chilena con la política en general. Tras una serie de tragedias, entre ellos el fallido proceso constitucional –la guinda de la torta–, gran parte del país ya no espera nada de ella en lo absoluto.
Bueno pero entonces, ¿qué hacemos?
Primero que nada, tenemos que asumir, lo hecho, hecho está. Hoy es indispensable analizar por qué llegamos hasta aquí y hacer una crítica honesta, incluso —y sobre todo— cuando incomoda. A partir de ello, definir con claridad qué podemos y qué debemos hacer. Hoy enfrentamos un nuevo escenario político en donde existen sospechas fundadas de que varios derechos en la sociedad chilena podrían verse amenazados por el gobierno que asumirá el 11 de marzo de 2026. Sea cual sea el escenario, debemos estar preparados. La indiferencia ya no es una opción. La representación estudiantil, en su conjunto, necesita repensarse. Dejar atrás la nostalgia de lo que fue, sin olvidarlo, y reconectar, recuperar sentido para quienes hoy no se sienten interpelados. Eso exige autonomía, vigilancia permanente y una reconstrucción paciente, desde las bases hacia arriba.
Para lograrlo, primero debe reconciliarse consigo misma: con sus equipos, con sus diferencias y todo, entendiendo que es necesario trabajar juntos. Porque tenemos una responsabilidad histórica, y al final del día, si estamos aquí, es porque tenemos una convicción compartida: defender y mejorar el sistema educativo, porque anhelamos una educación digna y de calidad para todas y todos los chilenos de nuestro país.